En entrevista con el canal GEN, el legislador Derlis Maidana indicó que el mandatario saliente Mario Abdo Benítez no respetó la institucionalidad durante su gestión, ya que hizo mal uso de los entes públicos para perseguir a quienes disentían con su administración.

“Anticontrabando, Seprelad, Senad y Anticorrupción fueron utilizadas para perseguir a adversarios políticos dentro del mismo Partido Colorado, que fue Honor Colorado, no fue contra la oposición que se hicieron las investigaciones”, indicó.

El político colorado sostuvo que en este caso no se aplicaron los códigos de reserva, al dar a conocer información sensible mediante las redes sociales y medios de prensa, como por ejemplo sacar una factura de la SET del salario de Santiago Peña. En este caso no se activó el protocolo para dar con los responsables, ya que solo tenían acceso al sistema Carmen Pereira y Carlos Arregui, de acuerdo con Maidana.

“Es muy grave lo que se hizo y corresponde de oficio una investigación de parte de la Fiscalía. Se debe investigar a las autoridades y a los funcionarios responsables. Tiene una pena privativa de hasta 5 años”, expuso.

Indicó que con esto se confirma que siempre hubo persecución y filtraciones, por lo que se debe cortar de raíz esta ilegal práctica para que en el futuro no se vuelvan a utilizar otras instituciones del Estado para perseguir a adversarios políticos.

El equipo de “La caja negra” tuvo acceso a más documentación de carácter confidencial de la Seprelad que revela una purga interna dentro de la institución con el objetivo de borrar rastros que podrían dejar al descubierto los ope­rativos de investigación y fil­tración digitados desde la UIF-Seprelad (Unidad de Inteligencia Financiera). El séquito de funcionarios que responden a las órdenes directas de la viceministra Carmen Pereira, esta última apuntada como ejecutora de las órdenes de “arriba” para perseguir a los enemigos políticos del gobierno actual, está ahora intentando saltar del barco ante el inminente arribo del equipo de transi­ción del nuevo gobierno.

Los funcionarios que respon­den a las órdenes de la vicemi­nistra Pereira, de los cuales tres han presentado renuncia al cargo en los últimos meses, son los siguientes:

Juan Francisco Fernández Albertini presentó renun­cia al cargo el pasado 26 de junio de 2023, ocupaba el cargo de director general de Supervisión y Regulaciones de la Seprelad. Desde su uni­dad se dirigían los operati­vos de supervisión in situ a los sujetos supervisados por la Seprelad. Habría varios casos de apriete y chantaje denunciados.

Marcos Garcete Fernández presentó renuncia al cargo el pasado 2 de mayo de 2023 y solicitó su descomisiona­miento. En su nota argumenta que ya no percibe los mismos beneficios económicos que al comienzo. De acuerdo a los datos públicos de Hacienda registró récord en viáticos y bonificaciones durante el mes de mayo de 2022 (tem­porada de filtraciones). Este funcionario respondía direc­tamente a las órdenes de la viceministra Carmen Pereira desempeñándose como jefe de departamento y analista. Era parte del engranaje clave en la cadena de confección de informes de inteligencia.

Hernán Villamayor presentó renuncia al cargo el pasado 28 de febrero de 2023 y soli­citó su descomisionamiento. También argumentó reduc­ción en el cobro de sus bene­ficios laborales. En su caso se puede observar un impor­tante aumento en el cobro de beneficios durante el mes de las filtraciones (mayo 2022) situación que cambió pos­terior a las elecciones par­tidarias.

Guillermo Preda Galeano, actual director general de Análisis Financiero y Estra­tégico, considerado el funcio­nario más leal y el que sucedió a Carmen Pereira en la direc­ción que ocupa actualmente. Sindicado de ser el nexo que proveía información clasifi­cada a los medios de prensa aliados.

Diana Benitez, conocida como “la viajera” pasó por varias direcciones entre ellas Asesoría Jurídica, análisis y luego Supervisión. Conside­rada “infiltrada” de la vice­ministra Carmen Pereira en varias dependencias.

QUEMA DE ARCHIVOS

Además de las renuncias registradas hasta ahora dentro de la Unidad de Inte­ligencia Financiera (UIF-Se­prelad) existe temor ante la posibilidad de una quema de archivos dentro de la institu­ción. Los funcionarios asig­nados al área de inteligencia utilizan desde el año 2020 un software llamado SAS (proveído por la empresa BI ESFERA SRL), herramienta que les permite básicamente consumir y agrupar los datos masivos (toda información a la que se pueda tener acceso), además estructurar y mode­lar esos datos (alertas, ROS, etc.) y por último investigar y gestionar conexiones y vín­culos entre todos los datos.

Las primeras funcionalida­des del software, agrupar y estructurar los datos la reali­zan programadores externos de Argentina (desde donde se maneja un “espejo” del sis­tema, es decir se accede a toda la información) con funcio­narios de la Dirección de Informática y la Dirección Estratégica dependiente de la Dirección General de Aná­lisis a cargo de Guillermo Preda.

Las funciones de investiga­ción y gestión del SAS son eje­cutadas por los agentes ope­rativos que son funcionarios de la Dirección General de Análisis (a cargo de Preda) y funcionarios de la Dirección Estratégica.

La entrega de la llave fue realizada por el señor por señor Tomás De Los Santos Lezcano Gaona, ante el Procurador General de la República, Marco Aurelio González.

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El terreno entregado cuenta con una superficie de 2.084 metros cuadrados, y forma parte de la propiedad perteneciente al Ministerio de Defensa y que fue desafectada a favor de la Municipalidad de Villa Hayes.

Con esto suman 8 llaves de las 16 que se devuelven al Estado, mientras que el resto se rehúsa a entregar porque continúa litigando.

La propiedad es conocida como la finca 916 Jardines de Remansito, que fue tomada por varias familias luego de que un proyecto de Ley, posteriormente vetado por el presidente Santiago Peña.

Desde la Procuraduría General de la República alientan a otros ocupantes irregulares a seguir el ejemplo y también entregar sus llaves.

El informe policial señala que el hombre, que estaba al mando de un automóvil, realizaba paradas en calles, y cuando visualizaba el paso de mujeres, abría la puerta del auto y procedía a realizar el acto en cuestión.

La actitud y modus operandi del joven Iván Daniel, al decir de los intervinientes, era recurrente, ya que muchas mujeres de la zona en donde lo aprehendieron, ya se quejaron por episodios similares.

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“El (último) hecho ocurrió en Villa Elisa. La víctima estaba llegando a su casa, él estaba en un auto, él la llama, ella se acerca al auto y lo ve masturbándose en el vehículo. Hoy se realizó un allanamiento y ya se detuvo a esta persona, el Ministerio Público lo imputó por actos exhibicionistas. Él se abstuvo de declarar”, dijo a la 1020 AM la fiscal Andrea Ríos.

La misma señaló que se relevarán datos en torno al individuo para definir la categoría de delito, para resolver la correspondiente penalización.

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La Ley Nº 6789, “cancela la licencia, itinerario y subsidio a empresas del transporte público a infractores del la ley”.

Artículo 1°.- Esta Ley tiene por objeto establecer causales y sanciones de rescisión de contratos e itinerario a las empresas del transporte público de las zonas y áreas metropolitanas que no cumplan con las leyes vigentes.

Artículo 2°.- Las empresas del transporte público, adjudicadas con contratos y licencias de transporte público que sean cesadas por las causales descriptas en esta Ley, no tendrán derecho a solicitar reembolso ni indemnizaciones de cualquier tipo por las sanciones administrativas que conlleve el incumplimiento de los presupuestos. A ese efecto las causales establecidas en esta Ley pasan a incorporarse a los términos de las concesiones de pleno derecho.

Artículo 3°.- Están sujetos a esta Ley todas las empresas del transporte público que fueron adjudicadas y cumplen con sus itinerarios en zonas y áreas metropolitanas en el país.

Artículo 4°.- Establecer las causales, faltas y sanciones aplicables a los infractores, según la siguiente clasificación:

a) La empresa que deje de prestar unilateralmente sus servicios acordados en la concesión en forma regular y no lo regularice en un período de 24 (veinticuatro) horas de intimada por la autoridad competente, será cancelada y perderá su licencia y su itinerario de pleno derecho, debiendo ser dictada la resolución pertinente inmediatamente cumplido el plazo previsto. En este caso, el itinerario volverá a ser licitado. En caso de reincidencia con otras adjudicaciones de la misma empresa en un período de 1 (un) año, serán aplicables las máximas sanciones administrativas, a más de las previstas en el inciso b) de este artículo.

b) La empresa que cometa la causal y falta prevista en el inciso a) de este artículo, durante un período de emergencia nacional, departamental o municipal, sea de naturaleza sanitaria u otra declarada por autoridad competente en el área donde presta servicios, además de cancelarse su licencia y su itinerario, tendrá prohibido participar de licitaciones en licencia o itinerario de transporte público por un plazo de 10 (diez) años. Esta sanción incluye a los directivos de las empresas o sociedades que no podrán participar bajo nuevas sociedades.

c) La empresa que no cuente en sus buses con elevadores o rampas de acceso para personas con incapacidad física, cuanto menos en un 50% (cincuenta por ciento) de su flota no tendrá derecho a percibir algún tipo de subsidio por parte del Estado. Se establece un plazo de 180 (ciento ochenta) días para que las empresas adecuen sus buses a las exigencias de este inciso.

Artículo 5°.- En caso que los directivos, accionistas o representantes legales o gremiales de las empresas del transporte público realicen algún tipo de amenaza o extorsión a órganos del Estado relacionados con la prestación de sus servicios, ya sea por cualquier medio, será considerado como hecho punible de coacción y perturbación de servicios públicos y cualquier ciudadano podrá denunciar estos hechos por cualquier medio a los órganos de persecución penal del Estado.

Artículo 6°.- El Poder Ejecutivo por medio del Viceministerio de Transporte deberá controlar la estricta aplicación de esta Ley.